Las entidades firmantes, entre las que se encuentra el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), consideran que no se han cumplido los objetivos de hacer un modelo consensuado con todas las partes y financiado adecuadamente para que no suponga ningún coste añadido a las personas que son atendidas por el conjunto del sistema. Por esta razón, solicitan al nuevo gobierno que se suspenda la aplicación del decreto 27/2023, que se recojan las aportaciones llevadas a cabo por las distintas entidades participantes en el proceso de elaboración, que se invite a participar a las sociedades científicas y colegios profesionales que no lo han sido anteriormente, y que se garantice una financiación adecuada para el nivel de exigencia requerido.
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