El estado de alarma decretó que los centros de fisioterapia no tenían obligación de cerrar, una medida que ha dejado a estos profesionales en el limbo, con locales abiertos sin clientes, sin ayudas sociales y sin medidas de protección para realizar un trabajo que "es un foco potencial de transmisión y contagio".
Así lo ha denunciado a Efe José Casaña, secretario general del Consejo general de Colegio de Fisioterapeutas de España (CGCFE) y decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), que reclama la inclusión de estos establecimientos entre los de obligado cierre al amparo del Real Decreto de estado de alarma, exceptuando las urgencias que pudieran ayudar a no colapsar el sistema sanitario público.
Son 57.000 colegiados en toda España los que han pedido, a través del Consejo, el cierre de los centros, sin haber recibido contestación, aunque su súplica si ha sido oída por las comunidades de Andalucía, Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha.
El Gobierno ha incluido en centros sanitarios a las clínicas de fisioterapia, podólogos, odontólogos y ópticos-optometristas, entre otros, "sin que estemos preparados para atender a los clientes con las garantías suficientes por el desabastecimiento de productos como mascarillas, guantes o equipos de protección individual (EPI)", explica Casaña.
Una situación que ha provocado centenares de consultas de los profesionales que desconocen "cómo se tienen que proteger o proteger al paciente", señala el representante de los "fisios".
Además, insiste en que con la limitación de la movilidad y con el miedo al contagio los clientes no acuden a las clínicas porque "nuestra profesión, dentro de las sanitarias se caracteriza por estar en constante contacto con el paciente y con sesiones de 45 minutos".
En este sentido, Rafael Écija, fisioterapeuta Granada, Andalucía, comunidad que decretó el cierre de estos centros el pasado 21 de marzo, insiste a Efe en que "somos un vehículo de contagio enorme. No entiendo que el Ministerio no se haya hecho eco de ello" y explica que una gran mayoría de centros cerró antes del estado de alarma "por responsabilidad y porque los clientes iban anulando citas".
"No podíamos hacer frente a lo que se nos venia porque no teníamos ni idea. Solo escuchábamos que cada vez había mas casos", relata, mientras lamenta el "total desconocimiento de la situación" con el que actuaban al no saber cómo limpiaban la sala porque "nadie nos explicó cómo desinfectar o qué productos usar".
Y casi quince días después "seguimos en el limbo", lamenta Rafael Écija, quien también considera necesaria una orden de cierre nacional para que estos centros puedan pedir ayudas o hacer un ERTE.
En este sentido, José Casaña, subraya que alrededor de un 90 % de los profesionales desarrollan su actividad en el área privada e incide en el problemas que afrontan las clínicas que "tienen cinco o seis trabajadores y tienen que soltar 6.000 ó 7.000 euros en salarios".
"Estas personas están desubicadas porque no saben si entraran dentro del ERTE", explica el responsable de los "fisios", quien revela que los asesores jurídicos del Consejo están tratando de ver si podrían justificar el cierre de los establecimientos por una causa mayor, como ya ha autorizado un expediente en Galicia.
Ante esta situación, vuelve a pedir "un decreto nacional" porque "no entiendo por qué lo que vale en Galicia no sirve en Castilla León".
Fuente: La Vanguardia.
volver