Las entidades firmantes, entre las que se encuentra el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), consideran que no se han cumplido los objetivos de hacer un modelo consensuado con todas las partes y financiado adecuadamente para que no suponga ningún coste añadido a las personas que son atendidas por el conjunto del sistema. Por esta razón, solicitan al nuevo gobierno que se suspenda la aplicación del decreto 27/2023, que se recojan las aportaciones llevadas a cabo por las distintas entidades participantes en el proceso de elaboración, que se invite a participar a las sociedades científicas y colegios profesionales que no lo han sido anteriormente, y que se garantice una financiación adecuada para el nivel de exigencia requerido.
CARTA ABIERTA AL NUEVO GOVERN DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Los centros y servicios sociales de la Comunidad Valenciana requerían un nuevo marco normativo que superara el existente, que se encontraba desfasado, y que diera repuesta a las necesidades de las personas que necesitan ser atendidas en la actualidad y de las que deberán serlo en el futuro próximo. Por ello, entendimos como positivo el proceso puesto en marcha por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en noviembre de 2021 con ese objetivo.
Desde entonces, y una vez aprobado el Decreto 27/2023, De 10 de marzo, del Consell, por el que se regulan la Tipología y el Funcionamiento de los Centros, Servicios y Programas de Servicios Sociales, y su Ordenación dentro de la Estructura Funcional, Territorial y Competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, consideramos que no se han cumplido los objetivos de hacer un modelo consensuado con todas las partes y financiado adecuadamente para que no suponga ningún coste añadido a las personas que son atendidas por el conjunto del sistema.
Muestra de ello son los dictámenes 12-22 del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y el 158/2023 del Consell Jurídic Consultiu, que insisten en la necesidad de hacer una valoración adecuada de la situación inicial y de dotar el presupuesto necesario para que ninguna persona quede fuera del sistema por el coste de los nuevos requisitos exigidos.
Estas cuestiones pueden provocar resultados no deseados en la población más vulnerable de la Comunidad Valenciana, por lo que deberían ser corregidas de manera inmediata.
Por ello, pedimos al nuevo gobierno surgido de las elecciones del pasado 28 de mayo que se suspenda la aplicación del decreto 27/2023, que se recojan las aportaciones llevadas a cabo por las distintas entidades participantes en el proceso de elaboración, que se invite a participar a las sociedades científicas y colegios que no lo han sido anteriormente y a que se garantice la financiación adecuada para el nivel de exigencia requerido.
De esta manera, seremos capaces de garantizar una mejora en la atención a todas las personas con unos servicios adaptados a sus necesidades, viables técnicamente y sostenibles en el tiempo para la Generalitat Valenciana y el conjunto de la ciudadanía.
En Valencia, a 30 de junio de 2023.
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