En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre, la Comisión de Discapacidad del ICOFCV lanza una seria advertencia sobre el impacto del nuevo decreto que plantea eliminar el servicio de fisioterapia en los centros ocupacionales. Más de 5.000 pacientes de los 93 centros ocupacionales de la Comunidad Valenciana están en riesgo de perder este servicio esencial. La Comisión exige mantener este recurso esencial, destacando los numerosos beneficios que ofrece a las personas con discapacidad.
La Comisión de Discapacidad Psico-Motriz del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) reclama la importancia de que se mantenga el servicio de fisioterapia en los centros ocupacionales de la región. La Comisión destaca que el reciente decreto que regula la tipología y funcionamiento de centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales pone en riesgo la atención de más de 5.000 usuarios de los 93 centros ocupacionales al eliminar este servicio esencial.
Con más de 25 años de experiencia en estos centros, la figura del fisioterapeuta se ha consolidado como una pieza clave para la atención de las personas con discapacidad. La intervención fisioterapéutica no solo contribuye al tratamiento físico, sino que mejora directamente la calidad de vida y la salud de los usuarios, favoreciendo su bienestar y autonomía.
Este servicio, actualmente integrado en los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales, ha permitido descongestionar los servicios sanitarios y acercar la fisioterapia al entorno habitual de los usuarios, optimizando la atención y reduciendo las esperas en los centros de salud.
Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Comisión recalca que "es más urgente que nunca visibilizar esta situación y reivindicar el derecho de las personas con discapacidad a continuar con su tratamiento fisioterapéutico". La eliminación de este servicio no solo pone en riesgo su salud, sino que también vulnera su derecho a recibir una atención integral de calidad, que favorezca su inclusión social y mejore su bienestar.
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