La Unión Sanitaria Valenciana (USV), de la que forma parte el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), ha trasladado al conseller de Sanidad la apremiante necesidad de requerir el certificación de colegiación en todos los concursos, oposiciones o contratos a los aspirantes, y de regular la publicidad engañosa sanitaria, como medidas para frenar el intrusismo. Asimismo, en la reunión han solicitado a Marciano Gómez que la historia clínica esté al alcance de todos los profesionales y la ampliación de la cartera de servicios asistenciales.
Una nutrida representación de Unión Sanitaria Valenciana (USV) ha mantenido una reunión con el conseller de Sanidad de la Generaliat Valenciana, Marciano Gómez. En el encuentro, le han trasladado los principales problemas y desafíos a los que se enfrenta el sector sanitario, compuesto por doce colectivos profesionales, entre ellos el de fisioterapeutas. En concreto, los asistentes han incidido en que es crucial que se tomen medidas a corto y largo plazo para lograr una atención de calidad para todos los pacientes y usuarios de los servicios de salud.
La delegación de Unión Sanitaria Valenciana ha estado formada por el decano del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana y vocal de la junta de USV, Josep Benítez, así como por el presidente de USV, Andrés Gené; la vicepresidenta, Inmaculada Íñiguez; la tesorera, Inmaculada Ibor; la secretaria, Laura Almudéver, y otros vocales de la junta, entre ellos Francisco J. Santolaya, María Jesús Lluch, Mª Pilar Nieto, Patricia Valls, Maite Navarro y Vicente Colomer.
Los miembros de Unión Sanitaria Valenciana han expresado su preocupación por los riesgos que suponen para la salud de los ciudadanos las pseudociencias que no cuentan con el aval científico. Asimismo, han subrayado la necesidad de trabajar una normativa que regule la publicidad engañosa sanitaria.
No obstante, la principal reivindicación de USV se ha centrado en el intrusismo que sufren todas las profesiones vinculadas a la salud. En este sentido, han planteado que, por normativa, se exija a los aspirantes la presentación del certificado de colegiación en todos los concursos, oposiciones o contratos, como garantía del correcto ejercicio profesional. También han propuesto que se solicite el número de colegiado. Los colegios profesionales han mostrado su disposición a colaborar con la Administración sanitaria en este aspecto.
La USV, que engloba los colegios profesionales de Fisioterapeutas, Dietistas-Nutricionistas, Dentistas, Enfermería, Farmacéuticos, Logopedas, Médicos, Ópticos-Optometristas, Podólogos, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios (cinco de ellos colegios provinciales y siete autonómicos), ha reiterado que la colegiación es obligatoria en España para todos los profesionales sanitarios que la ejerzan. Una decisión jurídica que adoptó el Tribunal Constitucional tras publicar en el Boletín Oficial del Estado su Sentencia 201/2013 de 5 de diciembre de 2013 y que, sin ningún género de dudas, estableció: «Todos los profesionales sanitarios, para ejercer, tienen que estar colegiados, independientemente de que si trabajan en la sanidad pública o en la privada».
Las peticiones de la Unión Sanitaria Valenciana
Desde Unión Sanitaria Valenciana también se ha solicitado el acceso a la historia clínica para que esté al alcance de todos los profesionales de la salud, tanto del ejercicio público como del privado. De igual modo, han abogado por el incremento de la cartera de servicios asistenciales, promoviendo la colaboración y cooperación entre los diferentes profesionales sanitarios.
Por otra parte, USV ha demandado la creación de un Consejo Asesor de Profesiones como órgano de coordinación para asesorar a la Conselleria de Sanidad, la puesta en marcha de un Observatorio de la Salud, y el acceso prioritario a la vacuna COVID para todos los profesionales tanto del ejercicio público como del privado. Por último, los representantes de las profesiones sanitarias valencianas han hecho hincapié en el concepto de equidad sanitaria, ya que el acceso a lo servicios sanitarios no debe depender del código postal donde se viva o de los recursos económicos que se tengan.
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