Ha sido condenado a una multa por desarrollar tratamientos terapéuticos sin ser fisioterapeuta. Así mismo, en otro procedimiento paralelo por la vía civil ha sido condenado a indemnizar a una paciente a la que trató. Esta es la tercera sentencia firme que consigue en este ámbito el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, que ha ejercido de acusación particular.
El juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha condenado con sentencia firme a A.R.M. por un delito de intrusismo tras la celebración del juicio oral solicitado por el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), como acusación particular, y por el Ministerio Fiscal.
El juez ha considerado al acusado penalmente responsable del delito de intrusismo consumado de acuerdo al artículo 403.1 del Código Penal (CP) y ha establecido una pena de 12 meses de multa, sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas. Asimismo, de modo paralelo, se ha llevado a cabo un procedimiento por la vía civil, por el que el acusado ha sido condenado a indemnizar a una paciente lesionada a la que trató y que ha tomado parte en el proceso.
Tras el juicio ha quedado probado que el acusado realizaba masajes descontracturantes en su domicilio de Valencia, sin estar capacitado para ello ya que no dispone del título de Grado universitario de Fisioterapeuta, el cual le capacita tanto técnica como legalmente.
Esta es la tercera sentencia que consigue en este ámbito el ICOFCV. En diciembre de 2017, el juzgado de lo Penal de Castellón condenó por el mismo delito a dos pseudoprofesionales que ejercían en la capital de La Plana, y en febrero de 2018 fue el juzgado de lo Penal de Elche quien condenaba a otra persona por desarrollar técnicas fisioterapéuticas sin estar capacitado para ello.
Esta sentencia refuerza el trabajo que está realizando el Colegio de Fisioterapeutas en defensa de la profesión y del derecho de la ciudadanía a una atención de calidad. “Son un buen precedente. Los jueces valoran que lo que está en juego es la salud de los ciudadanos, y que solo los profesionales sanitarios garantizan el derecho fundamental al acceso a una sanidad con plenas garantías”, subraya el decano del ICOFCV, José Casaña.
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