Valencia acogió hace unos días el I Congreso Autonómico de Derecho en Salud, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV). Hemos entrevistado a su presidente, Carlos Fornés, para abordar los principales problemas a los que se enfrentan los profesionales sanitarios en materia legislativa en la actualidad.
¿Cómo nace la idea de organizar un Congreso de Derecho Sanitario?
La judicialización de la sanidad está llegando a unas cuotas que hace necesario acotarlo. El incremento de las demandas y de las agresiones a profesionales sanitarios es alarmante, y es importante tomar conciencia de ello y empezar a aplicar las medidas necesarias para intentar que disminuyan porque con eso nos beneficiamos todos, los pacientes –que somos todos-, los profesionales, el poder judicial, las compañías de seguro y la Administración.
Uno de los elementos básicos a tener en cuenta, tal y como se ha puesto de relieve en el Congreso, es el consentimiento informado…
Así es. La Ley de Información es del 2002. Han pasado ya 15 años y no me cabe en la cabeza que un profesional sanitario no sepa que tiene que dar una información (o no lo haga) no sólo porque el paciente se la va a pedir sino también porque está obligado a ello. La ley hay que cumplirla y esta obliga al profesional sanitario a informar de la intervención que se va a llevar a cabo, de los riesgos habituales y los no habituales, y no sólo verbalmente, ha de quedar plasmado también por escrito en el consentimiento informado. No es un trámite burocrático, es una obligación. Un dato: el 80% de las reclamaciones en la Comunidad Valenciana son por falta de información, es algo que me parece gravísimo y sencillo de solventar.
El porcentaje es realmente alto, ¿es similar tanto en la sanidad pública como en la privada?
En la sanidad privada los porcentajes no son del 80% pero también son muy elevados. De hecho, hay un aspecto más a tener en cuenta que se da en los dos ámbitos: las denuncias no son sólo por ausencia de información, que es lamentable en sí mismo, sino por defecto, es decir, por una mala información. Si se da un problema, el juez lo que va a valorar es que la información al paciente esté acreditada.
¿Cómo se puede solucionar?
Con formación, a los profesionales sanitarios les falta formación jurídica. Esta deben hacerla los Colegios profesionales. Nosotros también nos hemos brindado a ello, a explicarles las cosas básicas que han de cumplir.
¿Qué consecuencias pude tener para un profesional sanitario no tener el consentimiento informado en caso de un problema?
A los profesionales sólo les asustan los temas penales, condenas en el ámbito penal hay pocas pero las hay. Desde el punto de vista civil o económico les preocupa menos porque si les condenan es del ámbito indemnizatorio y paga la compañía de seguros, o al menos así era hasta ahora. Pero las compañías de seguro no son una ONG, así que si te condenan por no cumplir la ley y no hacer las cosas bien, te pueden penalizar y no cubrirlo, dado que es una obligación legal. De hecho, hay compañías que ya están haciéndolo.
El otro elemento clave para una buena praxis y herramienta de defensa del profesional sanitario es la historia clínica, ¿no es así?
Sí, es el otro pilar básico del derecho sanitario, es más, es el documento más importante para el profesional sanitario porque el consentimiento informado forma parte de la historia clínica del paciente. La historia debe estar bien cumplimentada, con todos los parámetros mínimos. Esto beneficia al usuario porque ahí queda reflejado todo su proceso asistencial y, en el caso de una reclamación, también al profesional porque si hay una demanda la historia clínica va a ir al juzgado y es una herramienta de defensa para acreditar que ha actuado correctamente. La realidad es que a día de hoy las historias clínicas son muy deficientes. Yo veo muchas por mi trabajo y, por ejemplo, algunas recogen que ha habido una intervención quirúrgica pero el protocolo de actuación está en blanco. Esto no puede ser…
Antes ha hablado de las compañías de seguro, ¿cuál es el futuro del seguro de responsabilidad civil?
Desde el punto de vista de la sanidad pública, la Administración está huérfana de seguro. Si a un sanitario del ámbito público lo denuncian penalmente y lo condenan sí tiene cubierta la responsabilidad civil que va aparejada, pero cuando demandan o condenan a la Administración no hay seguro que cubra, ahí pagamos todos los ciudadanos.
Nos estamos quedando sin compañías de seguro, no quieren asegurar porque las administraciones no pueden pagar las primas, que son muy altas. Casi todos los concursos se están quedando desiertos porque la sanidad pública es deficitaria y las compañías no entran, ya ha pasado en Andalucía, en Murcia, … Es un problema. Los políticos hablan de sanidad pero no destinan los fondos necesarios a ello.
En el caso de la Fisioterapia y de la Comunidad Valenciana, a pesar de ser obligatoria la colegiación por ley, un porcentaje alto de los fisioterapeutas de la sanidad pública no están colegiados. ¿Qué opina de ello?
Que todos estaban colegiados es algo que había dado por sentado. Antes de contratar a un profesional sanitario, la Administración debería comprobar su titulación y que está colegiado. Si no es así, tiene faena por delante.
¿Como conclusión final se podría decir que es necesario más formación y más inversión?
Sí, hace falta formación para prevenir y reducir las denuncias y más inversión en los diferentes ámbitos, también en recursos humanos. La mayoría de las agresiones se producen en urgencias y es lógico porque están colapsadas, los usuarios pasan muchas horas para ser atendidos y muchas veces ni se les informa y eso enciende los ánimos. Estamos hablando de lo más importante que tiene el ser humano, que es el derecho a la salud, y hay que invertir en ello.
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