El Colegio de Fisioterapeutas ha enviado un escrito al consistorio informándole que, bajo el amparo de la licencia municipal, un centro de acupuntura y terapias naturales ofrece servicios sanitarios por personal no cualificado poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos que acuden a él. Asimismo, el ICOFCV le insta a actuar ya que es la autoridad competente según la Ley de Sanidad para imponer sanciones y abrir el oportuno expediente administrativo.
El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Alboraia que, al amparo de una licencia municipal, en un centro de acupuntura y terapias naturales de la localidad se están ofreciendo y publicitando servicios sanitarios propios de los fisioterapeutas por personas y entidades que no están amparadas por la Ley y que carecen de la capacitación necesaria, lo que conlleva graves y nefastas consecuencias para la salud de los posibles vecinos que puedan acudir a él.
En concreto, le ha comunicado que en dicho centro presta sus servicios L.G.R.S., que se describe como terapeuta, podólogo y acupuntor, y que en él se ofrecen tratamientos de rehabilitación como tratamiento del dolor crónico, cervical, lumbar, inflamación, lesiones, parálisis facial, fascitis plantar, traumatismos y masaje terapéutico, entre otros. Todos ellos, actos con finalidad sanitaria propios de la Fisioterapia que están siendo prestados por quien no es fisioterapeuta y en un centro abierto sin la correspondiente licencia sanitaria.
El Colegio, que conoció la irregularidad tras recibir varias quejas de ciudadanos y de colegiados, ha recordado al Ayuntamiento de Alboraia que de acuerdo a la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana corresponde a los municipios, en el ámbito de sus competencias, imponer sanciones por la comisión de infracciones leves y graves en este ámbito así como adoptar las medidas especiales que procedan.
En la misma línea, el ICOFCV ha solicitado al consistorio que compruebe la información facilitada al respecto, la cual muestra lo denunciado, y que actúe para parar de manera inmediata las actividades notificadas y, en su caso, que abra el oportuno expediente sancionador.
Además, el Colegio ha requerido al Ayuntamiento que, como medida cautelar, retire toda la publicidad del centro que pueda inducir a confusión a la ciudadanía y que tenga al ICOFCV como interesado y parte en el expediente administrativo que pueda derivarse.
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